La PNL del PP sobre armas blancas pone en alerta a la cuchillería de Albacete

El sector cuchillero de Albacete vive desde finales de abril en un estado que su asociación profesional describe sin matices como de "mucha inquietud". El 22 de abril, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley (PNL) del Partido Popular para endurecer la legislación sobre armas blancas. Casi un mes después, la inquietud ha cristalizado en algo más concreto: la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Cuchillería y Afines (APRECU), María Pilar Jiménez, ha advertido en declaraciones a El Digital de Albacete que, de aprobarse cambios normativos en la línea que sugiere la iniciativa, fabricantes y comercios "nos veremos abocados a cerrar muchos negocios".

"Hay mucha inquietud. Nos afecta de lleno. No vemos lógico lo que pretenden porque si esa ley sale hacia adelante nos veremos abocados a cerrar muchos negocios", ha declarado Jiménez. Es la formulación más rotunda hasta la fecha de una posición sectorial que llevaba semanas escalando.

La iniciativa popular, defendida en el Pleno por el diputado Rafael Hernando, fue aprobada punto por punto con los votos de PP, Vox y UPN, más apoyos puntuales y abstenciones de Junts y PNV. PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y Compromís votaron en contra y calificaron la propuesta de "populismo punitivo".

Qué pide exactamente la PNL

La proposición insta al Gobierno a diseñar "urgentemente" un plan integral frente al uso de armas blancas en delitos violentos. Entre las medidas concretas figuran aumentar el catálogo de armas blancas prohibidas, reforzar los controles sobre las ventas por internet y revisar la Ley Penal del Menor. También plantea modificar varios artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana (los 33, 35, 36, 37 y 39) para incluir como faltas muy graves portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como blandir armas legales de modo negligente, temerario o intimidatorio. La propuesta contempla además cambios en el Código Penal para restringir la tenencia y modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la detención de quienes exhiban armas blancas con ánimo intimidatorio.

Una PNL no es una ley. Es un instrumento por el que el Congreso insta al Ejecutivo a actuar en una dirección, sin efecto normativo directo. Para que se traduzca en cambios reales tiene que articularse como proyecto de ley o como modificación reglamentaria por parte del Gobierno. Esa distancia entre el respaldo simbólico y el desarrollo normativo concreto es precisamente lo que el sector cuchillero observa con cautela.

La posición de APRECU

Jiménez ha trasladado la postura formal de la asociación: la industria de Albacete no se opone a perseguir el uso delictivo de armas blancas, pero rechaza que la respuesta penalice al fabricante. "Reivindicamos y defendemos nuestro sector. Lo que deben hacer es endurecer las medidas contra quien hace uso indebido de la herramienta. El fabricante no tiene culpa", ha declarado.

La presidenta de APRECU ha recordado que el Reglamento de Armas español ya regula con detalle la cuchillería de uso civil: "en el reglamento de armas está estipulado que se puede llevar una navaja de hasta 11 centímetros con ciertas pautas". La asociación entiende que el problema no está en la oferta legal, sino en la persecución del uso ilegal, y advierte de que cualquier restricción adicional sobre la fabricación o la comercialización afectaría tanto a productores como a establecimientos comerciales.

APRECU ha confirmado que está en contacto con las instituciones públicas para intentar frenar el desarrollo normativo de la iniciativa. "Queremos ayuda y llegar hasta la máxima autoridad para que no entre en vigor. Estamos haciendo gestiones, luchando y reivindicando para que no salga hacia adelante", ha apuntado Jiménez.

Contexto: qué pesa la cuchillería en Albacete

La preocupación del sector no es retórica. Albacete concentra cerca del 90% de la producción nacional de cuchillería y un volumen de exportación situado, según la propia asociación, en torno a los 35 millones de euros anuales. La industria sostiene un tejido de empresas, empleo y comercio especializado que se extiende desde los talleres artesanales hasta los fabricantes industriales. El mes pasado, Jiménez fue elegida presidenta de la recién creada Asociación Mundial de Ciudades Capitales de la Cuchillería, en el V Encuentro Mundial celebrado en la localidad portuguesa de Caldas da Rainha. Un reconocimiento internacional que llega en paralelo a la batalla normativa que se libra en Madrid.

Reacciones institucionales en Albacete

El movimiento institucional en la capital se ha activado en paralelo. El 20 de mayo, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano (PP), se reunió con la presidenta de APRECU y anunció una moción municipal "para reivindicar la protección del sector de la cuchillería y rechazar la criminalización a la que se quiere someter".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, José González, registró el 21 de mayo una moción propia que se debatirá en el Pleno ordinario del 28 de mayo. En su intervención pública, González cuestionó la coherencia de la posición del alcalde y afirmó que "no puede ir de salvador quien ha generado el problema". El diputado nacional del PSOE por Albacete, Emilio Sáez, ha apuntado por su parte a una continuidad histórica del Partido Popular en este tipo de propuestas, recordando un episodio de 1999 con planteamientos similares en Castilla-La Mancha.

El próximo movimiento decisivo será el Pleno municipal del 28 de mayo. Más allá de ese trámite local, la pregunta abierta es si el Gobierno desarrollará reglamentariamente lo que el Congreso le ha pedido el 22 de abril, y en qué términos. De la letra pequeña de ese eventual desarrollo dependerá si lo aprobado afecta solo a la tenencia ilegal o también a la actividad económica de un sector que en Albacete lleva siglos formando parte del paisaje industrial.