Las Cortes de CLM debaten una resolución para blindar la cuchillería de Albacete

Días antes de que el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, enviaba navajas artesanales a los líderes nacionales del PP y del PSOE, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha presentaba en Toledo una proposición no de ley para defender la cuchillería albaceteña ante el Pleno de la Cámara regional. La portavoz del grupo, Carolina Agudo Alonso, firmó el escrito el 25 de mayo amparándose en el artículo 192 del Reglamento de la Cámara.

La iniciativa regional llega en paralelo a la moción municipal aprobada en Albacete y a las cartas enviadas por Serrano a la cúpula política nacional. Lo que el martes era un pulso municipal y una gestión personal del alcalde, el mismo martes se convierte en una resolución formal ante el parlamento autonómico. La defensa institucional del oficio escala en un solo día desde el consistorio albaceteño hasta las Cortes regionales.

Los datos que maneja el Grupo Popular

La proposición no de ley reproduce los argumentos del sector y añade el dato económico más concreto que se ha puesto sobre la mesa hasta ahora: el sector advierte de que determinadas reformas generalistas podrían provocar una caída de hasta el 40% en la producción de navajas y poner en riesgo hasta la mitad de los puestos de trabajo vinculados a la actividad.

Las cifras de contexto que maneja el texto coinciden con las de APRECU: Albacete concentra cerca del 90% de la producción cuchillera nacional, el sector exporta en torno a 35 millones de euros anuales y sostiene directa e indirectamente cerca de un millar de familias.

Qué pide la resolución en siete puntos

La propuesta somete al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha siete acuerdos concretos.

El primero es el respaldo institucional explícito al sector, adhiriéndose al acuerdo impulsado por el Ayuntamiento de Albacete. El segundo establece la separación nítida entre conducta delictiva y actividad cuchillera legítima, rechazando cualquier identificación de la navaja albaceteña con fenómenos de violencia urbana.

Los puntos tercero y cuarto son los más relevantes para el sector: instan al Gobierno de España a endurecer las penas por uso violento de armas blancas en el Código Penal —reincidencia, bandas organizadas, agresiones graves, espacios públicos de ocio— y, simultáneamente, a garantizar que cualquier modificación del Reglamento de Armas excluya expresamente a la cuchillería tradicional y sus usos legítimos: profesionales, agrícolas, domésticos, gastronómicos, deportivos, artesanales y coleccionistas.

El quinto punto va más lejos y exige que cualquier reforma incorpore los criterios del sector —definiciones técnicas claras, seguridad jurídica para fabricantes y comercios, periodos transitorios de adaptación y ausencia de cargas regulatorias desproporcionadas— con mención expresa a APRECU como interlocutor válido.

El sexto insta al Gobierno regional a impulsar una campaña institucional de promoción de la cuchillería albaceteña como patrimonio industrial, artesanal, cultural y económico de Castilla-La Mancha, reforzando su proyección nacional e internacional y su valor turístico.

El séptimo acuerda dar traslado de la resolución al Gobierno de España, al Congreso, al Senado, al Ayuntamiento de Albacete, a la Diputación Provincial y a las asociaciones del sector.

Lo que diferencia esta iniciativa

La proposición regional tiene un matiz político relevante respecto a la PNL del Congreso del 22 de abril: mientras aquella iniciativa —también del PP, también aprobada— se centraba en endurecer el control de armas blancas y fue recibida por el sector como una amenaza, esta resolución invierte el enfoque. La presión al Código Penal es contra el delincuente; la presión al Reglamento de Armas es para proteger al fabricante. Son dos movimientos que el PP presenta como compatibles pero que el sector cuchillero lleva semanas pidiendo que se desvinculen explícitamente.

El escenario institucional ahora mismo tiene tres niveles activos simultáneamente: el ayuntamiento de Albacete con su moción municipal, el parlamento regional con esta proposición, y el nivel estatal al que apuntan las cartas de Serrano. Tres frentes abiertos en el mismo día, con el pleno municipal del 28 de mayo como próxima cita concreta.